Cataluña ya tiene un nuevo gobierno regional. Como muchas otras administraciones europeas de hoy en día, lo tendrá difícil para dar unos servicios adecuados a sus ciudadanos a la vez que lucha por intentar enderezar una maltrecha economía. Con una desventaja añadida: tiene que negociar con un gobierno español que no va a facilitar ninguna de esas tareas. No importa que Cataluña sea una sociedad productiva y que sea un contribuyente decisivo a las finanzas del estado. El gobierno central mantiene el control de la hacienda pública y reparte o retiene los fondos como medio para impulsar sus objetivos políticos. Y todos los mensajes que llegan de Madrid indican que tiene la intención de aprovechar al máximo esta influencia para limitar la libertad de acción de los catalanes, combinando la asfixia financiera con ataques implacables a su lengua y a su cultura, incluyendo el sistema educativo, en un esfuerzo por no dejar rastro de todos los símbolos de su personalidad colectiva.
En estas circunstancias, no es sorprendente que una mayoría significativa de catalanes como mínimo dude sobre la conveniencia de seguir siendo una provincia española. Esto se puso de manifiesto en los resultados de las elecciones del 25 de noviembre, en las que la promesa central de la coalición ganadora era convocar un referéndum sobre la independencia. A día de hoy, la idea tiene el apoyo de casi dos terceras partes del Parlamento, confirmándose así lo que los sondeos de opinión habían predicho: sea cual sea su elección final, alrededor del 80 por ciento de los catalanes están de acuerdo en que se les pregunte en una votación pública sobre la opción de desvincularse del ente político al que ahora pertenecen.
Las últimas elecciones dieron algunas claves sobre el estado de ánimo de los catalanes, pero para saber exactamente cuántos de ellos han renunciado a España, no hay otra alternativa más que preguntarles qué quieren en una votación oficial. Esta parece ser la manera razonable de avanzar: es consecuente con las opiniones que han expresado varios expertos internacionales y es también la línea que se ha adoptado en el proceso paralelo que se está llevando a cabo en Escocia, con el apoyo del parlamento del Reino Unido y de su gobierno.
En cambio, en España todos se niegan terminantemente a aceptar esta posibilidad. En una extraña demostración de acuerdo, virtualmente todos los grupos políticos y la mayoría de la opinión pública fabricada en Madrid están unidos a la hora de privar a los catalanes de su derecho a opinar sobre la cuestión. Evidentemente, el sistema español tiene miedo de que si se permite que el pueblo se pronuncie existe el peligro de que elija la separación. Pero hay una razón fundamental que va más allá del miedo a perder. Históricamente, y hasta el día de hoy, España siempre se ha negado a reconocer que los catalanes son un pueblo con una identidad nacional propia y que, como tal, son un sujeto de derechos colectivos. Admitir que se les puede consultar en un referéndum oficial implicaría el reconocimiento de estos derechos.
A falta de un argumento mejor, utilizan la Constitución de 1978 como un escudo para rechazar las reivindicaciones de los catalanes o como un arma para amenazarlos en caso de que eligieran rebasar sus estrechos límites. A pesar de sus cuestionables orígenes bajo la sombra de una dictadura de cuarenta años, los defensores de la fe española se toman este texto como si se tratara de las sagradas escrituras –una vez le han dado la interpretación que más conviene a sus intereses. Esta posición irracional no se podrá mantener durante mucho tiempo. El mundo sabe que no existe ninguna ley, por muy enaltecida que esté, que se pueda invocar para frustrar la voluntad de un pueblo. Y todos en España son conscientes de que en la Europa de hoy no se puede impedir un acto de expresión democrática empleando tecnicismos legales, y todavía menos con amenazas o con el uso de la fuerza.
Language Traductor Newsletter⚡️ Thread with legal and historical arguments on "#Catalonia #selfdetermination” https://t.co/Z1lx1D1bdS
— Col·lectiu Emma (@CollectiuEmma) 15 de març de 2017
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