El 11 de setiembre, cientos de miles de personas han vuelto a salir a la calle para realizar lo que se ha convertido en un ritual anual de afirmación nacional pacífica y de firmeza democrática. La pertinaz reivindicación de los catalanes, este año y cada año desde 2010, es sencilla – la voluntad de ser reconocidos como pueblo y, como tal, reafirmar su derecho a decidir el futuro estatus político de su país. Las instituciones españolas han rechazado repetidamente la propuesta de celebrar un referéndum como el de Escocia sobre este asunto, a menudo haciendo caso omiso a las advertencias razonables provenientes de más allá de sus fronteras nacionales, y es de esperar que esta vez también dirán que no. Por lo tanto, el último intento catalán podría quedar en lo de siempre: volver a pedir un diálogo para encontrar una solución política y la esperada negativa del lado español. Esta vez, lo que marca la diferencia son les elecciones convocadas para el 27 de setiembre. A primera vista, son unas elecciones para renovar el parlamento regional. Sin embargo, como han evidenciado la mayoría de medios internacionales que han cubierto la manifestación del pasado viernes y las cuestiones que están implicadas en ello, existe un amplio reconocimiento de que se trata de un plebiscito de facto sobre la independencia.
Hasta ahora, personas de ideologías muy distintas han aprendido a caminar juntas para expresar una petición común. Ahora han conseguido que los dos principales partidos de Cataluña dejen de lado sus agendas respectivas y sitúen en primer plano un punto esencial – el de la relación futura con el Estado español. Estos dos partidos, que representan el centroderecha y el centroizquierda, ostentaban conjuntamente la mayoría absoluta en el actual Parlamento y ahora han creado una coalición más amplia que incluye a líderes de asociaciones de la sociedad civil y a destacadas figuras independientes.
También respalda la independencia una coalición más reducida de izquierdas, y existen otros grupos que no llegan a pedir la plena soberanía aunque apoyan el derecho a decidir de los catalanes en un referéndum popular. De hecho, algunos miembros de estos grupos podrían inclinarse por la independencia cuando esta cuestión sea votada en el Parlamento. Contra estas dos opciones, solo están las sucursales de los dos principales partidos españoles, además de una organización emergente que comenzó defendiendo intereses españoles en Barcelona y cuyo líder pretende ahora lanzar su carrera en Madrid.
Que este será, con otro nombre, el referéndum que cuenta con el respaldo de un inamovible 80% de catalanes, tantas veces rechazado lo han hecho explícito aquellos que están a favor de la independencia. De manera más equívoca, también lo reconocen los que están en contra. Por ahora, los unionistas mantienen que se trata de unas elecciones regionales, pero el modo en que actúan demuestra que saben muy bien que no es así. Al final del día, disimulando sus profundos desacuerdos, seguramente contarán todos los votos que hayan recibido conjuntamente como votos contrarios a la separación y se unirán para oponerse a la independencia, incluso aunque ésta sea la opción mayoritaria de los catalanes.
Los catalanes no tienen ninguna duda sobre qué está en juego cuando acudan esta vez a las urnas. Saben que tienen que decidir entre seguir en una situación de dependencia dentro de un marco político que es claramente perjudicial a sus intereses o iniciar un proceso ordenado de desconexión administrativa del Estado. Y para los que se pregunten qué vendrá después, los partidarios de la independencia lo han dicho bien claro: el nuevo Parlamento convocará una votación sobre la relación que el pueblo de Catalunya – representado por sus representantes electos – desea tener a partir de ahora con el Estado español. Un parlamento elegido democráticamente, afirman, está totalmente legitimado para decidir sobre esta cuestión, dado que todas las demás vías se han ido cerrando. Si existe una mayoría partidaria de la separación, se activarán gradualmente los dispositivos de transición que ya han sido establecidos, se informará a las instituciones europeas y se invitará al gobierno español a mantener una negociación sobre las condiciones y el calendario para llevar a cabo una separación amistosa.
Se podría decir que al haber obligado al sector español a reconocer la excepcionalidad de estas elecciones, por el hecho de que realmente se trate de un plebiscito, los catalanes ya han ganado la primera batalla. El 27 de setiembre ejercerán su derecho a la autodeterminación, y ese día por la noche se contará cada voto como un sí o un no a la independencia. En cualquier caso, en Cataluña se abrirá un nuevo escenario antes de finales de mes y lo mejor será gestionarlo de modo que comporte el mínimo de inconvenientes – y esperemos que el máximo de ventajas – para todos.
Texto traducido y adaptado del original inglés.
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— Col·lectiu Emma (@CollectiuEmma) 15 de març de 2017
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