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Monday, 5 june 2017 | EDITORIAL

Español

Por qué Europa debería acoger positivamente un referéndum en Cataluña

Las desavenencias históricas de los catalanes con España se han intensificado en los últimos años. Se ha llegado a un punto muerto a causa de la negativa española a ni tan siquiera escuchar las reiteradas propuestas hechas desde Cataluña, como fue la iniciativa leal de renegociar el Estatuto de 1979. A partir de 2005 se redactó un nuevo texto, que sería aprobado por el Parlamento de Cataluña. También lo aprobaron las Cortes españolas, pero no sin antes haber diluido algunas disposiciones y eliminado otras. Después fue sometido a referéndum y aprobado, resignadamente, por los catalanes. Pero en 2010 un Tribunal Constitucional escasamente imparcial dictaminó que varios artículos eran inconstitucionales y dio una interpretación restrictiva de muchos otros. En la práctica, el texto resultante, lejos de mejorar el anterior Estatuto, sirvió para poner límites al alcance del autogobierno catalán, y todo el proceso puso de manifiesto la falta de voluntad de la parte española para avanzar en esa dirección. Entonces quedó claro que el sistema territorial vigente, establecido en 1978 después de un largo período de gobierno centralizado, quería utilizarse para perpetuar la condición de minoría permanente que tienen los catalanes en España. Hoy un número creciente de catalanes considera que los asuntos de su colectividad son gestionados por Madrid sin tener en cuenta sus necesidades y a menudo en contra de sus intereses más básicos, y muchos han perdido la esperanza de un trato más justo en el marco español.
 
El gobierno catalán se ha comprometido a celebrar un referéndum sobre la relación que la sociedad catalana debería tener con España — o bien mantener de alguna forma la actual situación de subordinación política o bien constituir una nueva nación independiente. Este fue el camino elegido por Quebec en 1995 y por Escocia en 2014, y respetado por los gobiernos del Canadá y del Reino Unido. Las autoridades españolas, por el contrario, aplicando una interpretación estrecha —por no decir partidista— de la Constitución, han declarado ilegal el referéndum y se han propuesto impedirlo. También procuran obstaculizar sus preparativos. En su reacción a presuntos actos de desobediencia de los representantes elegidos por los catalanes, las instituciones del estado parecen retornar a las formas del pasado dictatorial, hasta el punto de poner en peligro los fundamentos de un gobierno democrático.
 
La determinación expresada por la coalición que gobierna Cataluña en lo relativo a celebrar el referéndum a pesar de todo no ha de considerarse una muestra de desafío sino un acto de democracia. Los dirigentes están cumpliendo el mandato que les otorgaron los cientos de miles que se han estado manifestando pacíficamente año tras año desde 2010; los 2,3 millones que votaron en una consulta simbólica en noviembre de 2014; los cerca de 2 millones que dieron una mayoría a las fuerzas partidarias de la independencia en las elecciones al parlamento de Cataluña de septiembre de 2015; y por último, de manera muy destacada, las tres cuartas partes de la población catalana que, según todas las encuestas de opinión, están a favor de que se celebre un referéndum, independientemente de cuál sería su voto en él. Corresponde a los catalanes decidir el futuro colectivo de su sociedad, y preguntarles directamente es la única manera razonable de saber qué piensa cada cual sobre una cuestión tan fundamental.
 
A fin de cuentas, un referéndum es una buena solución para todos. Para los catalanes ciertamente, porque, sea cual sea el resultado, llevará a entablar un diálogo sobre una nueva relación con España, que deberá estar basada en el reconocimiento de sus derechos como pueblo, incluido el derecho a decir la última palabra sobre la forma que ha de tener esa relación.
 
En definitiva también puede ser bueno para España, porque obligaría a su gobierno y  a las demás fuerzas políticas a replantearse los fundamentos del régimen establecido en 1978. Este fue el resultado de la transición a un gobierno democrático diseñada y aplicada por unos cuadros políticos surgidos de la dictadura franquista. Una solución satisfactoria de la cuestión catalana brindaría a la sociedad española la oportunidad de liberarse de una vez por todas de los fantasmas de su pasado autoritario y de afrontar los defectos de un sistema político gravemente condicionado por sus orígenes.
 
Y también será bueno para Europa. Primero, por una razón práctica, porque contribuirá a resolver un problema secular que, si se deja enquistar, se irá agravando y añadirá un nuevo frente de inestabilidad a escala continental. Y segundo, y más importante, por una cuestión de principio. En los actuales tiempos de incertidumbre política, cuando en muchos países el proyecto europeo es puesto en entredicho desde distintos bandos, la actitud de los catalanes, decididamente pro-europea, firmemente anclada en principios democráticos y aplicando métodos estrictamente pacíficos, habría de presentarse como un ejemplo para todos de la única manera aceptable de resolver las diferencias entre las naciones y dentro de los estados.
 
Tarde o temprano todos los países de Europa y sus instituciones comunes habrán de tomar una posición sobre este asunto. Es una cuestión de democracia que las legítimas aspiraciones de los catalanes como nación histórica y sus derechos colectivos inherentes sean reconocidos, y es una cuestión de justicia que su lucha constante y pacífica se vea recompensada.
 
 
Este es un comunicado conjunto preparado por el Col·lectiu Emma y que también suscriben el Col·lectiu Praga y el Col·lectiu Wilson.
 
(Traducido del original inglés)

 


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