La manifestación del 11 de septiembre en Barcelona debería haber disipado cualquier duda que pudiese existir sobre la determinación de los catalanes a la hora de opinar sobre su futuro colectivo. Año tras año, centenares de miles de personas han salido a la calle para reclamar el derecho a decidir la forma política que habría de tener su nación, y los representantes que ellos eligieron han trabajado para darles esa oportunidad. Este es el propósito del referéndum sobre la independencia anunciado para el 1 de octubre. Hoy todo parece indicar que se votará, frente a la oposición española y a pesar de todas las maniobras para impedirlo.
 
Idealmente, esta debería haber sido una votación autorizada y vinculante, como las que se hicieron en Quebec y en Escocia, y muchos observadores internacionales aún no comprenden la actitud intransigente del gobierno español. Permitir un referéndum, participar en los preparativos y hacer campaña contra la independencia habría sido la vía más razonable y quizá la más productiva. El Presidente Puigdemont ha declarado repetidamente la disposición de su gobierno a un acuerdo sobre las condiciones que lo harían posible, incluso acordar otra fecha y una pregunta. Aún quedaría espacio. A estas alturas un cambio de estrategia en Madrid, como se ha sugerido desde el exterior, es improbable. Con todo, podría ser la opción menos costosa, aunque sólo sea porque a las autoridades del estado les resultará muy difícil frustrar el plan de los catalanes sin recurrir a métodos coercitivos que se girarían en su contra.
 
La mayoria de catalanes confía que, pese a todas las dificultades previsibles, el 1 de octubre será una jornada pacífica, o bien porque el gobierno español habrá retirado su oposición o bien porque ellos mismos habrán decidido ignorarla. Una cosa es segura: saldrán masivamente a votar. Si llegan o no a introducir las papeletas en las urnas dependerá de hasta dónde están dispuestas a llegar las autoritades españolas para impedirlo. No se puede descartar juego sucio, pero tomar ese camino no acabaría beneficiando al estado. Las medidas de fuerza, aunque vengan disfrazadas de legalidad, podrían servir para perturbar el voto, pero también darían a los catalanes buenos motivos para elegir la vía directa hacia la independencia. En cualquier caso habrían ganado: si celebrar un referéndum es un acto de democracia, hacerlo contra la voluntat del estado es un acto de soberanía.
 
Sea cual sea el resultado, los términos del debate político en España quedarán definidos por los hechos del 1 de octubre. Por el mero hecho de salir a votar los catalanes habrán afirmado sus derechos colectivos como pueblo. Negando esos derechos, el gobierno español puede haberse colocado en una posición insostenible: la de quien rechaza todo acuerdo pero en definitiva es incapaz de imponer su poder. Irónicamente, intentando detener la democracia puede haber contribuido a convertir la soberanía en una opción real.
 
(Traducido del original inglés)