Col·lectiu Emma - Explaining Catalonia

Monday, 10 september 2018

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ONCE DE SEPTIEMBRE DE 2018: BALANCE EN CATALUÑA

Hace casi exactamente un año que el Col·lectiu Emma advertía de una escalada del conflicto entre España y Cataluña y propugnaba una solución negociada, que habría de incluir en algún momento un referéndum sobre la independencia. Algunos de los observadores internacionales mejor informados eran de la misma opinión. El gobierno español, en cambio, se mostró inflexible a la hora de negar a los catalanes el derecho a expresarse por medio del voto. Después de que fracasaran todos los intentos de conseguir un referéndum acordado, el gobierno catalán lo convocó unilateralmente.
 
Inmediatamente las autoridades españolas declararon ilegal la votación y se propusieron impedirla por todos los medios. Trasladaron a Cataluña de diferentes lugares de España 6.000 agentes antidisturbios y de la Guardia Civil, con toda la simbología de una fuerza de ocupación. Por la mañana del 1 de octubre se dieron órdenes de asaltar los colegios electorales de diversas poblaciones y barrios. Millones de personas de todo el mundo pudieron contemplar en directo por televisión la violencia desatada contra ciudadanos pacíficos que esperaban para votar. Muchos vieron por primera vez una cara de España que no conocían.
 
Al final del día, ninguno de los dos bandos pudo declarar una victoria total. Cerca de 2,3 millones de personas habían conseguido votar, el 90% de las cuales a favor de la independencia. El gobierno español había fracasado en su intento de impedir el referéndum, pero las dificultades que había provocado permitían poner en duda su validez. Con todo, más de 2 millones de votos favorables a la independencia no se podían pasar por alto. Basándose en estos resultados, y después de una votación en el parlamento de Cataluña, el presidente Puigdemont proclamó la independencia. Al mismo tiempo, en medio de amenazas de intervención militar y tal vez dando credibilidad a una mediación exterior que se había apuntado pero que no llegó a materializarse, anunció que la declaración quedaba en suspenso a la espera de una negociación con el gobierno español.
 
Lejos de aprovechar la oportunidad para rebajar la tensión y buscar un acuerdo con los catalanes, el gobierno español optó por la confrontación abierta: antes de que terminara el mes se había disuelto el parlamento de Cataluña, se había cesado al ejecutivo y toda la administración quedaba en manos del gobierno central. Nueve políticos y dirigentes de la sociedad civil fueron acusados de delitos de rebelión y puestos en prisión preventiva. Temiendo que les sucedería lo mismo, otros siete, entre ellos el presidente Puigdemont, optaron por salir del país.
 
Haciendo uso de sus facultades de excepción, el presidente español Rajoy convocó elecciones al parlamento de Cataluña. Con políticos en prisión o en el exilio, un control estricto de los medios catalanes y un bombardeo de propaganda unionista desde todos los canales españoles, las circunstancias no eran óptimas para unas elecciones imparciales pero, para sorpresa y frustración de prácticamente todos en España, los partidos independentistas renovaron su mayoría. En mayo tomó posesión un nuevo presidente que se comprometió a llevar adelante el proceso hacia la independencia, en comunicación permanente con el presidente Puigdemont y los demás políticos en prisión o en el exilio.
 
En junio, afectado por una serie de escándalos de corrupción en las altas esferas, y también como consecuencia del fracaso de su política hacia Cataluña, el Partido Popular perdió una moción de confianza en el parlamento español y se instaló en Madrid un gobierno dirigido por el socialista Pedro Sánchez. Desde ese momento, el nuevo presidente ha ido enviando mensajes contradictorios – expresando su voluntad de abordar la situación en Cataluña mediante el diálogo pero sin hacer mucho para enmendar todo el daño causado por su predecesor. Así es esencialmente como están las cosas en el frente político.
 
Mientras tanto, más de mil servidores públicos y ciudadanos privados están siendo investigados o han sido procesados por su presunto papel en el referéndum. Siete representantes políticos, entre los cuales está el presidente Puigdemont, continúan en los tres países europeos donde las peticiones de extradición presentadas por el tribunal supremo español fueron denegadas o retiradas. Los demás políticos y dirigentes de la sociedad civil detenidos entre octubre i marzo siguen en prisión a la espera de un juicio que nadie en Cataluña prevé que vaya a ser justo. Independientmente del resultado, todo el procedimiento será llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el mecanismo de derechos humanos de las Naciones Unidas, donde se da por segura la condena de las acciones del gobierno español. Tanto en Cataluña como en el exterior se considera en general que los encausados son presos políticos y un veredicto de culpabilidad en los tribunales españoles provocaría la indignación popular y exigiría una respuesta del gobierno catalán. Lo que pueda pasar después es imprevisible.
 
Todavía hay muchas personas en Cataluña que no han perdido la esperanza en una solución civilizada, que es también lo que desearía un sector creciente de la opinión pública europea. En la arena internacional la parte catalana está ganando de una manera lenta pero constante la batalla de las ideas, especialmente porque el camino emprendido hasta ahora por el estado español pone en tela de juicio su condición de auténtica democracia. Por los actos de su gobierno – la guerra sucia contra los políticos y el desprecio de los derechos de las personas, la barbarie del 1 de octubre, el estado de emergencia no declarado que representó el secuestro de las instituciones catalanas, la tolerancia de las tácticas de comando de bandas unionistas pequeñas pero agresivas e incluso el apoyo que estas reciben de algunos partidos, o la continuación de la ofensiva judicial contra representantes del pueblo, que es una burla de la separación de poderes –, por todo ello, España se ha alineado con otros estados poco respetuosos de las libertades – pensamos en Turquía o en Rusia – situados en los márgenes de la Europa democrática.
 
La nueva administración española tiene la oportunidad de reparar esa imagen, pero sólo si demuestra la voluntad política necesaria para cambiar de rumbo y evitar los mismos errores de sus predecesores. Ello requiere entablar un diálogo auténticamente bilateral del cual no quede excluido ningún tema, y sin trazar líneas rojas antes de comenzar. A los catalanes no les harían falta demasiados estímulos para sentarse a la mesa. En realidad, esto es lo que han estado reclamando en todo momento. Es la parte española la que tal vez necesitaría un decidido impulso desde el exterior, aunque sólo fuera para ayudar al presidente Sánchez a superar la hostilidad de la oposición y la reticencia de algunos de su partido que ven cualquier acuerdo con Cataluña como un acto de alta traición.
 
Al final de ese proceso de diálogo, si llega a producirse, los representantes políticos deberían someter al pueblo el resultado de su negociación. Esto significa un referéndum oficial que permita a los ciudadanos elegir entre la independencia y cualquier alternativa que la parte española quiera proponer. Entonces la decisión del pueblo habría de ser respetada por todos, en el país y fuera de él, y todos habrían de colaborar para hacerla efectiva.
 
Es posible que los gobiernos europeos no vean con buenos ojos la independencia de Cataluña o incluso que sean contrarios a ella, pero debería preocuparles el desprecio de los derechos humanos fundamentales que se está viendo en España. Y difícilmente pueden dejar de defender principios esenciales de buen gobierno como el derecho de todos los pueblos a determinar libremente su futuro y la primacía de las soluciones pacíficas y democráticas para resolver todos los problemas políticos. En el clima que impera hoy en Europa, la pasividad no es una opción. Poner la decisión sobre la independencia en manos del pueblo es la fórmula que cuenta con el apoyo de más de tres cuartas partes de los catalanes. También es el resultado que deberían promover los socios de España como la mejor manera de impedir la deriva hacia el autoritarismo de otro país europeo y el retorno de un pasado antidemocrático temible también por sus repercusiones en todo el continente.
 
Traducido del original inglés.

 
 

 


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